El “cuasi mercado” de la enseñanza escolar
La anotación negativa de la educación chilena
El acuerdo entre el gobierno y la Alianza en materia educacional fue el último acto del largo camino iniciado por los secundarios en 2006. Con ello parece confirmarse la tendencia del experimento chileno: la configuración de un “cuasi mercado” educativo, que no asegura calidad, pero sí jugosas ganancias.
Hace por lo menos un par de décadas, la fotografía de la educación chilena se ha mostrado radicalmente desalentadora. Frente a ello, han surgido diversas voces con sus recetas para mejorar la calidad de ésta, entre ellas la de los privados, concebidos por algunos como los únicos capaces de manejar con efectividad un establecimiento y llevarlo a la excelencia.
Lamentablemente, lo privado como opción única configura un escenario educacional cada vez más segregado y desigual. De acuerdo a cifras del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech), un 9% de la matrícula asiste a colegios particulares pagados, un 42% a establecimientos de financiamiento compartido y un 49% a colegios municipales. Estos dos últimos, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del año 2003, concentran la mayor cantidad de población educacional perteneciente a los dos primeros quintiles, es decir, al 40% de las familias más pobres del país.
El modelo educativo chileno, con notoria disparidad en las modalidades de enseñanza que entrega e inserto en una lógica de mercado es -a juicio de diversos especialistas- “único” en el mundo. En este sentido, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizado en 2004, afirma que este sistema otorgaría una “importancia indebida” a mecanismos de mercado y estaría “concientemente estructurado por clases”. Por si fuera poco, se añaden las conclusiones del informe del Banco Mundial en 2007, en el que se asevera que ningún sistema “de aseguramiento de la calidad de mercado” ha demostrado ser exitoso.
Este magro panorama no ha pasado desapercibido. Así lo demostraron las movilizaciones estudiantiles en 2006. No obstante, el largo camino para reformar la educación chilena terminó, el 13 de noviembre, en un escenario muy distinto: la Derecha y el gobierno estrechándose las manos, tras celebrar el acuerdo “histórico” en la materia, que permitiría un tránsito fácil por el Congreso para derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), aun cuando los ejes fundamentales de ésta no fueron tocados. Mientras, las fallas en el sistema persisten.
El “cuasi mercado” en educación
La figura de Establecimiento Particular Subvencionado fue creada en 1980, conciliando el rol privado-público en la administración y en la entrega de educación, la que ha ido cobrando relevancia dentro del mapa de ofertas educativas actuales. La aprobación de la LOCE, en 1990, es el siguiente paso en la estructura que norma este “cuasi mercado” educacional, concepto para nada exagerado a juicio del doctor en Educación Claudio Almonacid, “por cuanto este mercado se encuentra altamente regulado por el Estado, quien controla aspectos como la entrada de nuevos proveedores, las inversiones, la calidad del servicio y el precio de la enseñanza, con lo cual no es posible el funcionamiento de un mercado ‘libre’”, explica el especialista en un estudio publicado por la Opech.
La clave para entender este “cuasi mercado” es la relación entre oferta y demanda, generada por la alta competencia de establecimientos de educación que existe en Chile. Esto a causa de la LOCE, que si bien propone un marco de reglamentos, amplía la oferta por “la relativa facilidad con la cual los particulares pueden crear sus establecimientos, así como la disminución de las funciones fiscalizadoras con que cuenta el Ministerio de Educación”, según Almonacid.
En este escenario, los requisitos de entrada al negocio educacional no parecen tan exigentes. De hecho, los colegios particulares subvencionados han experimentado un explosivo crecimiento. Así, en estos últimos diez años, aumentaron de dos mil 800 a más de cuatro mil 800, lo que se traduce en un incremento de 70%, según un estudio publicado por el diario La Tercera en septiembre de este año.
Hoy, los servicios de educación –otrora derechos- son entregados por una red de agencias públicas y privadas que sostienen su potencial de competencia sobre “la capacidad de los sostenedores educacionales para captar la matrícula de los alumnos en edad escolar”, señala Almonacid. De esta forma, se construye un sistema educacional que depende, en gran medida, de la cantidad de recursos que maneje un establecimiento, según el volumen de matrículas que consiga y la consecuente recepción de subsidios que éstas le generan. Dicho de otra forma, la cantidad de estudiantes de un establecimiento es directamente proporcional a la cantidad de recursos que maneja el mismo.
Sin embargo, en este sistema en que se compite por la misma porción de matrícula escolar, distinguiendo a cada establecimiento por infraestructura, tradición o resultados académicos, se produce una “profunda segmentación de la matrícula (…) en que el rendimiento de los alumnos está estratificado dependiendo del tipo de colegio al que asisten y de su origen socioeconómico”, agrega Almonacid.
El destino de las ganancias
La competencia de los colegios particulares subvencionados por conseguir un mayor número de matrículas no se basa en obtener únicamente mayores recursos para el bienestar de sus alumnos. Y es que dentro de este peculiar sistema educativo chileno, sus sostenedores también exigen una recompensa personal a cambio. No es extraño, entonces, que un amplio grupo rechazara la eliminación del lucro en el proyecto de Ley General de Educación. No obstante, luego de la presión de la Derecha, de algunos políticos de la Democracia Cristiana (DC), de la Iglesia y de los mismos sostenedores, el término “lucro” fue sustituido por “emprendimiento privado”. Así, sólo las personas jurídicas con giro tributario único podrán ser administradores (excepto los municipios), y las ganancias sólo se destinarán a educación.
Una de las opiniones que tuvo amplia cobertura mediática en ello fue la de Carolina Velasco, investigadora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, quien en diversas oportunidades defendió el lucro por considerarlo una recompensa a la buena gestión y al uso eficiente de los recursos y, sobre todo, un aspecto necesario para la innovación y para una mejor calidad del servicio.
Sin embargo, el panorama actual no permite hablar precisamente de buena gestión. Pruebas internacionales, como PISA y TIMMS, a las que Chile se ha sometido voluntariamente, han demostrado que no sólo los alumnos de educación municipal o subvencionada registran pésimos resultados, sino también los de establecimientos privados. Es decir, aún cuando poseen presupuestos que muchas veces quintuplican a sus pares, los particulares pagados -ni pensar los subvencionados- son incapaces de entregar una educación de calidad a la altura de los estándares internacionales.
Sosteniendo un lucro ilegítimo
Si bien en el nuevo proyecto educacional se busca establecer mayores requisitos para los sostenedores particulares, existe un selecto grupo de ellos al que parece no importarle esto. Actualmente, un porcentaje de ellos busca una serie de estrategias para proseguir con la administración de sus negocios, seguir generando lucro de manera cuestionable y no ser expulsados del sistema.
Víctor Aguilera es uno de los “pillos” en la materia. Hace veinte años se le presentó la oportunidad perfecta para generar un negocio a beneficio propio, por medio de la creación y mantención de colegios con aporte estatal. Así, si hace años contaba con diez establecimientos educacionales a su nombre, hoy la mitad de ellos han pasado a ser parte de una fundación, tal como lo propone la nueva ley, aunque los colegios restantes, en cambio, siguen funcionando bajo su control. Y mientras el patrimonio de Aguilera, que actualmente bordea los tres mil millones de pesos, sigue inflándose, los resultados académicos de los miles de estudiantes pertenecientes a sus propiedades desaniman a cualquiera. Así, por ejemplo, en 2000 menos de un 4% de ellos rindió la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Ese mismo año, el puntaje más alto lo obtuvo el Liceo Insume de Ñuñoa, con 463 puntos promedio en Verbal y Matemáticas. Cinco años después era el Liceo Metropolitano, de Estación Central, el que reprobaba, alcanzando un promedio de 432 puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Otro caso es el del clan Romo, que también cuenta con cerca de una quincena de colegios. Una de las pioneras es María Romo, encargada del Liceo Diurno de Avenida Independencia. Éste, en la PSU de 2006, obtuvo escasos 427 puntos de promedio, algo nada extraño en comparación a los años anteriores, pues en el Simce 2003 este establecimiento ocupó la peor ubicación de toda la comuna en Lenguaje y Matemáticas. Coincidentemente el mismo año y respecto de la misma evaluación, el colegio Novo Mondo de Quilicura, uno de los dos colegios fundados por la hermana de María, obtuvo la más baja posición, pero dentro de la comuna de Quilicura.
Si se habla de deplorables resultados académicos, añadido a deficientes instalaciones, la anotación negativa se la lleva Raúl Romo Rojas, quien figura como sostenedor de la sede de Mecánica, ubicada en la misma calle que el establecimiento de su tía María. Agujeros en las paredes y en los techos, baños al aire libre, pocos inodoros y un desagradable olor a desechos humanos, son sólo algunas de las deficiencias que presentaba el recinto hasta, al menos, mediados de este año.
Los vínculos familiares de los Romo en el ámbito de la educación suman y siguen, así como también el registro de otras familias y personajes que a lo largo de Chile han lucrado por años con la subvención económica del Estado y con el aporte de miles de apoderados.
Para el presidente de la Corporación Nacional de Establecimientos Privados (Conacep), Rodrigo Bosch, estos casos son más bien aislados en relación con el resto de la educación particular pagada y subvencionada. En entrevista a The Moroso, el dirigente indicó que los primeros serían tipos de lucro ilegítimo, lo que a la vez define como una “ganancia que se obtiene por un servicio que no entrega la calidad deseada”, asunto totalmente rechazado en su organización. Por el contrario, explica, “la legítima ganancia por el trabajo realizado o por las inversiones realizadas y que asumen riesgos, necesario en cualquier actividad y motor de la innovación y el desarrollo de mejores prácticas” es algo sumamente valorado por Conacep. Así, a su parecer, tanto megasostenedores como sostenedores pequeños tienen el derecho a lucrar siempre y cuando entreguen una buena educación.
Sin embargo, como se ha observado, el costo de la educación ni siquiera se ve traducido en buenos resultados académicos. Peor aún, el nuevo “acuerdo por la calidad de la educación”, tal como lo denominó la Presidenta Bachelet y que prometía arrasar con aquellos vicios fundamentales del sistema de instrucción chileno, sigue legitimando una lógica mercantil que está lejos de demostrar un nivel de excelencia. Pretender acortar la brecha social bajo políticas regidas por las leyes del libre mercado sólo trae consigo una perpetuación de las marcadas diferencias sociales que existen en nuestro país. Hoy, la diferencia entre lucro y educación resulta casi imperceptible. El crecimiento explosivo de establecimientos particulares, sumado al débil rol del Estado, ha logrado que la educación se transforme, más que en un derecho ciudadano, en un insólito tipo de servicio
