Redes políticas de las empresas

La telaraña que los envuelve a todos

Ximena Rincón, ex Intendenta de Santiago en la administración de Ricardo Lagos, ahora representante de BBVA en el directorio de Provida Fuente: La Tercera

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Ex funcionarios del Estado que se quedan sin cabida en la administración pública son fichados por las más importantes empresas, que buscan ampliar sus influencias políticas cuando están en el centro del debate.

A cambio, los beneficiados obtienen importantes incentivos monetarios y, a veces, no quedan exentos de una lluvia de críticas, de sus contendores políticos y del público.

“Estoy en el mercado” dijo Ximena Rincón cuando el gobierno de Ricardo Lagos había llegado a su fin. Ya la flamante Presidenta Bachelet había nombrado a sus ministros y subsecretarios y el nombre de la ex Intendenta de la Región Metropolitana no figuró en ninguna de las listas, pese a que no dejaba de sonar como carta para algún ministerio político e incluso se especulaba con una posible nominación en la nueva cartera de Seguridad Ciudadana.

Así, la ex autoridad regional seguía en el mercado, hasta que el 25 de abril, la junta de accionistas de la AFP Provida la eligió como representante del controlador, el Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), en el directorio de la principal Administradora de Fondos de Pensiones del país: Provida.

El ex senador socialista, José Antonio Viera Gallo, al igual que Rincón, fue tentado por la AFP y elegido como otro de los directores de la empresa, también con el respaldo del banco español. Así, salieron del directorio de la Administradora dos ex ministros del régimen militar -Miguel Ángel Poduje y Fernando Léniz Cerda- e ingresaron dos personeros concertacionistas.

Los incentivos eran considerables. En 2005, Provida pagaba a sus directores 75 unidades de fomento por sesión a la que asistían, lo que equivale a algo así como un millón 350 mil pesos. La misma junta que eligió a Rincón y Viera Gallo decidió aumentar la dieta de los directores a 250 UF por sesión, es decir, más de cuatro millones y medio de pesos.

Pero las críticas no se hicieron esperar. Ximena Rincón competía en la lista de Soledad Alvear por una de las vicepresidencias en las reñidas elecciones internas de la Democracia Cristiana y el sí al directorio de BBVA Provida causó escozor entre sus “colorines” contendores.

La incompatibilidad entre pertenecer a la directiva de un partido político y al directorio de una empresa; el conflicto de intereses; la posibilidad de ejercer lobby a favor de la AFP que representa en tiempos de la reforma previsional que será discutida en el Congreso, o más grave, un posible tráfico de influencias, son los argumentos esgrimidos públicamente por sus detractores y en privado por quienes observan con recelo la “privatización de funcionarios públicos”.

Funcionarios trashumantes

Se habla de una “puerta giratoria”, de un peregrinar de los empleados fiscales de alto rango al mundo privado y viceversa. “Al Estado se viene a servir y no a servirse” dijo en un momento el ex presidente Ricardo Lagos, pero lo cierto es que en la realidad, este cambio de giro parece inevitable teniendo en cuenta el empequeñecimiento del aparato estatal en las últimas décadas.

“La creación de la carrera pública y la tendencia a generar concurso público para cargos de alta dirección está reduciendo la posibilidad real de los presidentes de repartir el botín de guerra, como se decía antes”, señala el académico del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Bernardo Navarrete.

Ante ese escenario, y considerando la promesa de la actual administración de privilegiar las caras nuevas y evitar las repeticiones de platos, las plazas para los ex funcionarios en organismos del Estado son escasas y el sector privado se presenta como una atractiva alternativa de desarrollo laboral.

Para el periodista Felipe del Solar, director ejecutivo de Proacceso, “tanto el sector privado como el sector público se benefician con la experiencia de personas que han estado regulando desde el Estado”. Sin embargo, advierte que en el paso de una parcela a otra se enfrenta un gran problema: el conflicto de intereses.

La periodista María Olivia Mönckeberg, autora del libro “El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno” recuerda que en la época de las privatizaciones el desfile era más frecuente. “El incesto entre el sector privado y el sector público era colosal”, sintetiza en la misma línea Felipe del Solar. Y desde la entonces oposición política -actual Concertación- era abiertamente criticado.

“El propio José Piñera, creador de la reforma previsional, era el jefe de estudios de la Colocadora Nacional de Valores, del grupo Cruzat-Larraín en el año 1981; influía desde la Colocadora y después pasó al gobierno como ministro del trabajo a crear la reforma previsional. Alfonso Márquez de la Plata, fue ministro secretario general de Gobierno y antes ministro de Agricultura, también fue presidente de la SNA (Sociedad Nacional de Agricultura), también del grupo Cruzat-Larraín y que hoy día está en el directorio de la Universidad Mayor, era de los típicos que entraba y salía. Jorge Cauas, otro. Y así, podemos nombrar a mucha gente. Eso se daba y lo criticábamos mucho. Entonces, hay que ser consecuente”, manifiesta Mönckeberg.

En la actualidad, la normativa que reglamenta estos tránsitos está contenida en la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado. Dicho cuerpo legal establece que es incompatible la incorporación de un ex funcionario de un organismo regulador a una entidad privada que haya sido regulada por dicho organismo, al menos seis meses después de dejar el cargo.

No obstante, la legislación deja vacíos respecto a qué se entiende por organismo regulado. Ximena Rincón ejerció hasta comienzos de 2005 como superintendenta de Seguridad Social y el último cargo público que ocupó fue la Intendencia Metropolitana. Todo en regla y de acuerdo a la ley, sobre todo teniendo en cuenta que el ente regulador de las Administradoras de Fondos de Pensiones es la Superintendencia de AFP y no la que encabezó Rincón.

Sin embargo, las críticas apuntan a que, desde la Superintendencia de Seguridad Social, Rincón pudo adquirir valiosa información sobre el sistema previsional, que sería de gran interés para la AFP que concentra casi la mitad del mercado, especialmente en el contexto de reforma.

“Cuando alguien emigra del aparato publico, lo hace con información estratégica. En ese sentido, Ximena Rincón es una doble inversión para Provida”, anota Navarrete.

José Antonio Viera Gallo, ex senador y actualmente también miembro del directorio de Provida Fuente: La Tercera

Redes políticas e influencias

Pero los de Ximena Rincón y José Antonio Viera Gallo no son los únicos casos de fichajes de ex funcionarios de gobierno concertacionistas en firmas privadas. El ex ministro de Economía de Ricardo Lagos, Jorge Rodríguez Grossi, se incorporó recientemente al directorio de Chiletabacos; el ex titular de Obras Públicas, Jaime Estévez, es ahora director de Endesa, precisamente elegido por las AFPs. A ellos se suma el caso de Ricardo Solari, quien, pese a la estrecha colaboración con la campaña presidencial de Michelle Bachelet, se quedó sin cargo en el gobierno y pasó a ser parte del directorio de la colombiana Alsacia, una de las concesionarias del Plan Transantiago.

Tiempo atrás llamó la atención el ingreso del ex ministro de Vivienda del presidente Aylwin, Alberto Etchegaray como presidente de Celco, en medio de la crisis por la planta de celulosa en Valdivia y la aniquilación de los cisnes de cuello negro en el río Cruces.

¿Qué tienen en común estas empresas? Todas ellas, o la gran mayoría, han estado en el último tiempo en medio del debate público. Ya sea por la reciente aprobación de una rígida ley antitabaco, por los problemas de implementación de un plan que promete revolucionar el transporte público en Santiago o porque se está ad portas de una reforma previsional que se ha convertido en uno de los principales estandartes del nuevo gobierno.

“Que yo incorpore a alguien del mundo político me permite un lobby, que no existiendo una ley, me facilita mis niveles de contacto en términos informales ad infinitum”, señala el académico Bernardo Navarrete.

María Olivia Mönckeberg, que ha seguido los movimientos de los principales conglomerados financieros, coincide con esa visión. “En un momento tan crítico en que se va a discutir la reforma previsional en Chile (los accionistas mayoritarios, el BBVA) ponen a estas personas como antes ponían más Chicago Boys en los directorios, o más ex funcionarios de Pinochet o como ponían a militares en los directorios”, plantea.

Son redes que las empresas van tejiendo con el fin de defender sus intereses en coyunturas que pueden resultar amenazantes. Y aunque la principal función de un director de empresa es velar por los intereses de los accionistas, “si eso implica en algún momento acercarse a algunas autoridades para hacer valer los intereses de la empresa, eso es lobby”, se apura en aclarar Felipe del Solar.

En Chile no existe una normativa específica respecto al lobby. Este acto, cuyo nombre viene de las conversaciones “de pasillo” o en el “lobby”, es el contacto con una autoridad que tiene capacidad de decisión, con el fin de influir sobre una materia en particular que afecta a la persona o al representado de la persona que está haciendo el contacto.

Lo que se conoce hasta ahora son empresas o personas que se dedican a ejercer esta labor, pero de manera independiente, que son contratados por las grandes compañías para que intercedan por ellos ante las autoridades.

De acuerdo con la visión de Felipe del Solar, en el caso de una regulación del lobby, ésta debiera incluir, además de los consultores externos, a aquellas personas que dentro de la empresa cumplen esa función. “No puede ser considerado lobbista solamente Enrique Correa. Los gerentes generales, los gerentes de asuntos públicos de las empresas, los directorios, también son eventuales o potenciales lobbistas y tiene que aplicárseles exactamente la misma norma”, plantea.

Una ley de lobby, según la experiencia norteamericana o europea, restringe todo aquello que pueda generar conflictos de interés o la comisión de un delito de corrupción, como sería el tráfico de influencias. Establece además una serie de requisitos como el registro de quienes van a actuar como lobbistas y que se hagan públicos los contactos que se realicen entre estos personajes y las autoridades, así como los temas que se abordaron en las reuniones entabladas.

Solo ejerciendo la labor con transparencia, sugiere Felipe del Solar, se puede salvar una de las principales críticas que se le hacen al lobby: la asimetría de la influencia que puede ejercer una gran empresa, capaz de contratar a un equipo de lobbistas y una empresa más pequeña o un ciudadano común que no tiene acceso a este tipo de intercesiones.

Para María Olivia Mönckeberg, más que la regulación importa la ética de las personas que aceptan pasar a formar parte de directorios privados después de haber servido públicamente. A la vez, Bernardo Navarrete sentencia que la regulación ex post casi siempre es inefectiva.

De todas formas, el académico plantea que al menos en el caso de Provida los medios de comunicación han jugado un importante rol. “Si en algún minuto (Rincón y Viera Gallo) pudieron haber sido buena inversión para la AFP, hoy día son un mal negocio. En el minuto en que un periodista pueda comprobar que alguno de ellos está haciendo lobby o tráfico de influencia será noticia”. “Van a quedar bastante neutralizados. Va a haber más ojos puestos”, coincide Mönckeberg.