Es por ello que muchas autoridades y reparticiones gubernamentales, especialmente las que tienen que ver con la planificación estratégica del crecimiento urbano, están preocupadas del tema y definiendo políticas para encausar el desarrollo de las ciudades por un camino sustentable, en armonía con el medio ambiente y generar con ello una mejor calidad de vida para toda la población.

El secretario regional del Ministerio de Planificación (Mideplán) de la Región Metropolitana, Fredy Ponce, aclara que en esa dependencia estatal trabajan con el concepto de desarrollo regional, y no tanto con el de desarrollo urbano, por ser restrictivo. "Hablar de desarrollo urbano significa inmediatamente negar la existencia del otro mundo, el rural. Por tanto, es más justo considerar el desarrollo de la región, integrando conceptos como la urbanidad, la ruralidad, el medioambiente y la sociabilidad", acota.

El concepto que trabaja Mideplán, al hablar de Santiago, es el de una ciudad prestadora de servicios, centro laboral, de estudios, atención de salud, entre otras funciones, donde la sustentabilidad ambiental y del entorno está dada por las provincias aledañas. "A lo que estamos apostando es que la ciudad de Santiago resulte más atractiva y amable, con ventajas tales como la cercanía del mar o la cordillera", explica Ponce.

Aun cuando el crecimiento de Santiago ha sido expansivo en los últimos 50 años, en el contexto de la región la dimensión geográfica de esta ciudad es como un pequeño corazón superpoblado en el centro de la Región Metropolitana. Entre Puente Alto y La Florida hay sólo cinco kilómetros de distancia, pero entre Batuco y Quilicura hay 20.

Esto, no obstante, no significa que exista manga ancha para que Santiago siga extendiéndose, subraya el Seremi, pero desvirtúa un poco las voces alarmistas respecto de la sobrepoblación de la capital.

Mejorar la fiscalización

Respecto del crecimiento urbano hacia la periferia rural, Ponce advierte que el sector privado ha utilizado subterfugios para sobrepasar las leyes regulatorias de la edificación, especialmente en lo referido a la ley de subdivisión de predios rústicos. Esto ha sido posible porque existen actualmente normas que rigen para las zonas urbanas y otras para las rurales.

Muchos de los terrenos no poblados son agrícolas y deben mantenerse como tales, asegura el secretario regional. "Nos interesa tener un desarrollo inmobiliario y de la industria armónico, en coherencia con las políticas nacionales y de acuerdo a la normativa vigente", enfatiza. Sin embargo, según esta normativa, un terreno inmerso en una zona rural puede ser subdividido en parcelas de agrado de cinco mil metros, no sujetas a exigencias específicas de urbanización, como sistemas de alcantarillado, agua potable, calles pavimentadas, electrificación, etcétera.

Para regularizar esta situación, se está trabajando en conjunto con los ministerios de Vivienda, de Planificación y Agricultura y la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Se trata de modificar los textos legales en lo concerniente a la regulación del territorio, no ya urbano, sino regional, de manera de prohibir la edificación en terrenos no aptos o no suficientemente regulados y evitar de esta manera que se repitan escenas como las vividas en Santiago durante el temporal de junio pasado y que dejó en evidencia las deficiencias del crecimiento urbano de la capital.

Según Ponce, la expansión hacia zonas rurales como Lampa o Batuco y los consecuentes problemas de inundaciones de edificaciones de alto costo, demuestran una falta de fiscalización, donde las responsabilidades son compartidas, comenzando por las municipalidades, que son las que emiten los permisos de edificación, pasando por las mismas inmobiliarias, la falta de un texto legal más preciso y adecuado a las actuales circunstancias y que involucra también a las autoridades y ministerios con participación en el tema, como Vivienda, Obras Públicas y Agricultura.

No obstante esta regulación deficiente, el crecimiento del Gran Santiago hacia la periferia en los últimos diez años, principalmente en comunas como Quilicura (207%), Puente Alto (96%) y Maipú (80%), se realizó bajo una adecuada supervisión de los organismos pertinentes. Por tanto, se trata de un desarrollo urbano responsable, aclara el seremi de Mideplán, agregando que no es posible hablar de déficit de cobertura educacional o de salud importantes, como han señalado algunas críticas.

Lo que es clave a futuro es definir las reglas del juego, es decir, dar a conocer cuáles son los requerimientos del desarrollo urbano a través de un sistema transparente, donde las exigencias estén claramente especificadas, como por ejemplo que haya buena capacidad vial, buena accesibilidad, dos colegios cada diez mil personas, un consultorio cada 50 mil habitantes, y si son más de cien mil, un hospital, entre otros requisitos, subraya Ponce.

El endémico déficit de áreas verdes

Una evaluación efectuada en 1996 por el Departamento de Investigación y Desarrollo (DID) de la Universidad de Chile, que analiza los diferentes tipos de suelos de la Región Metropolitana, determinó que el mayor porcentaje de la superficie requiere medidas de reparación y protección de los ecosistemas naturales, a consecuencia de la gran intervención antrópica en el territorio, especialmente en el valle y la cordillera de la costa.

En las zonas cordilleranas y precordilleranas, en tanto, prevalecen las necesidades de protección, pues el crecimiento tiende hacia allá. Esto significa que esta área debe resguardarse de futuros y posibles quiebres de sus equilibrios ecológicos.

El proyecto denominado Bases para el Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable (OTAS) es, en este sentido, un programa de acción, definido para un período de 20 años a partir del 2000, que orienta respecto a cómo debe darse el crecimiento de la Región Metropolitana. Es una especie de carta de navegación, en el sentido que informa a las autoridades sobre cómo debe diseñarse la expansión urbana, de manera de impulsar un desarrollo sustentable. En este estudio se establece claramente cuáles son las zonas más deterioradas, las que necesitan programas de recuperación, o en las cuales es posible edificar manteniendo ciertas exigencias.

En este marco nace una nueva estrategia, implementada por el gobierno, para rehabilitar áreas verdes en la capital, que invita a participar al sector privado, agregando así una nueva política de recuperación del medio ambiente, imposible de impulsar con recursos propios.

Si el Estado dedicara todos sus recursos públicos a reforestar Santiago, de manera de superar el déficit de áreas verdes que padece, demoraría unos dos o tres años. En atención a esta realidad, el gobierno dio a conocer las llamadas "zonas café", que son aquéllas declaradas como aptas para equipamiento, pero que carecen de áreas de esparcimiento.

El programa consiste en autorizar el 20 por ciento de un determinado territorio calificado como zona café, para proyectos inmobiliarios, a cambio de que el restante 80 por ciento sea destinado a áreas verdes.

Esta fórmula permite resolver un problema grave que tiene la ciudad de Santiago, sin que signifique un desembolso importante para el Estado, e involucra a los privados en un negocio atractivo para ellos, pues se les autoriza a edificar en terrenos a los cuales antes no tenían acceso, a cambio de que contribuyan a recuperar el medioambiente.

Iniciativas de este tipo, más la elaboración de un marco regulatorio adaptado a las nuevas condiciones, contribuirán a enmarcar el desarrollo de las regiones, en armonía con políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de la población, asegura el secretario regional de Mideplán.

Sitios relacionados:

Ministerio de Planificación y Cooperación
Comisión Nacional de Medio Ambiente