La Ley N° 19.906, comúnmente conocida como "Ley Austral", fue promulgada en abril de 1999, y dispuso un conjunto de beneficios tributarios para atraer la inversión y de esa forma estimular el desarrollo económico de las regiones de Aysén y Magallanes.

Luego de tres años desde su entrada en vigencia, la comisión especial sobre zonas australes de la Cámara de Diputados estudia una serie de modificaciones para que la ley se convierta en la principal herramienta para estimular la economía de la zona.

Empero, dentro del Congreso existen parlamentarios que consideran nulo el aporte que puedan tener para los habitantes del extremo sur del país los actuales cambios. Uno de ellos es el diputado por la zona de Aysén, Patricio Melero, quien señala que estos cambios "no van a causar mayor impacto en esta región, debido a que desde la promulgación de la ley no se ha materializado ninguna inversión que se haya acogido a los incentivos que establece esta norma".

En concreto, los cambios que se estudian a esta legislación contemplan dos ámbitos. El primero es extender la zona franca de Magallanes hasta Aysén para los bienes de capital. El parlamentario UDI indica que esta ampliación debe ser de carácter general, "ya que sólo considerar los bienes de capital es una buena intención, pero que en términos prácticos va a tener muy poco efecto en la economía de la zona".

La segunda modificación que considera el proyecto es una variación en el régimen de crédito tributario, que se espera favorezca preferentemente a las inversiones en el ámbito del turismo, "ya que la Ley Austral original no contemplaba este sector económico", asevera el miembro de las comisiones de Economía y de zonas australes de la Cámara Baja .

Según Melero, las modificaciones a la "Ley Austral" no son suficientes para estimular la economía de la zona. "Se debe considerar, por ejemplo, que Aysén posee los consumos básicos más caros de Chile y ése es un elemento que aleja a los inversionistas. Otro cuello de botella es el costo del transporte , ya que el traslado de productos es incluso más caro que en la Región de Magallanes".

Con nombre y apellido

Sin embargo, el punto más cuestionado de estas modificaciones se relaciona con los mecanismos facilitadores que permitirá que esta nueva "Ley Austral" haga más expedita la instalación de la planta reductora de aluminio, Alumysa, en esta región.

Para el parlamentario, el informe financiero de esta ley "establece que los cambios que se discuten no tendrían ninguna importancia económica para el Estado, salvo que se materialice Alumysa. Por lo tanto, es un proyecto que tiene nombre y apellido". Agrega que los beneficios que considera esta nueva normativa para las empresas instaladas en la zona "van a servir muy poco o nada, pero a Alumysa le servirán bastante".

El diputado recalca que no objeta que este proyecto de ley esté dirigido a esta industria, aunque enfatiza que los beneficios deben llegar a todos los sectores productivos de la región.

La procesadora de aluminio Alumysa corresponde a un proyecto de la minera canadiense Noranda, una de las principales compañías minero-metalúrgicas del mundo. Esta transnacional también contempla la construcción en la Región de Aysén de un puerto de embarque y tres centrales hidroeléctricas interconectadas, las cuales proporcionarán la energía necesaria para la operación. Alumysa y la infraestructura asociada involucra recursos por cerca de dos mil 750 millones de dólares, la mayor inversión extranjera que se haya realizado en Chile. Los gestores de esta industria esperan que esta planta produzca alrededor de 440 mil toneladas anuales de aluminio.

El interés del gobierno porque la instalación de Alumysa se lleve a cabo ha sido explícita. Y la voz cantante de promover la ha tenido el biministro de Economía y Energía, Jorge Rodríguez Grossi. La meta que se propuso el secretario de Estado al asumir esta cartera fue eliminar todo tipo de trabas y dificultades para agilizar el desarrollo y la llegada de capitales foráneos. Y uno de los proyectos estrella es la planta de aluminio en la zona de Aysén.

En este tema el ministro no ha sido muy diplomático para expresar sus opiniones, y ha declarado sin tapujos lo que piensa sobre los que se oponen a la construcción de esta industria argumentando razones medioambientales. "¿Para qué sirve tener la zona más descontaminada del mundo si no hay nadie...? ¿Para qué quiero un país o un Aysén de santuario de la naturaleza si nunca lo vamos a poder disfrutar?", fue una de las joyitas de Rodríguez que evidencian la postura del ejecutivo frente al tema.

Estas declaraciones del secretario de Estado obviamente tuvieron eco en quienes se vinculan con los temas medioambientales. Uno de ellos fue el miembro de la Fundación Terram y ganador del Nobel alternativo en 1998, Juan Pablo Orrego, quien calificó como "poco serios" los dichos de Rodríguez Grossi. Agregó que se trataba de una declaración "netamente política. Aquí hay una especie de alineación desde que el ejecutivo comenzó a apoyar el proyecto (Alumysa), a través de las declaraciones del ministro de economía".

¿Progreso o destrucción?

La razón principal de la instalación de Alumysa en la región de Aysén se debe a la gran capacidad energética que posee la zona. Esta procesadora de aluminio requiere de una gran cantidad de electricidad para su funcionamiento, y Aysén reúne las condiciones necesarias para generar electricidad sin problemas, debido al gran potencial de energía que representan los caudales de los ríos que atraviesan el extremo sur del país y, por ende, la posibilidad de construir centrales hidroeléctricas sin temor a que escasee el vital elemento.

El daño irreparable al ecosistema y las consecuencias negativas en otros sectores productivos de la región han sido los principales argumentos que han puesto en el tapete quienes se oponen a la edificación de Alumysa.

Una de las organizaciones que ha llevado la batuta en contra de la procesadora es la Alianza "Aysén, reserva de Vida", compuesta por los principales grupos ambientalistas del país. Plantean que sólo la creación de la Central Hidroeléctrica Río Cuervo, significaría la fusión de los lagos Yulton y Meullín, lo que destruiría zonas ecológicas ricas en recursos naturales y de enorme potencial económico, sobre todo en el sector del turismo.

La última de las acciones judiciales para impedir la llegada de la planta de aluminio la realizó esta organización el 19 de julio. En la ocasión, el abogado de la minera canadiense en Coyhaique, Alberto Galilea, compareció ante el Juzgado de Letras en lo civil de Puerto Aysén para sostener una audiencia con su par de "Aysén, Reserva de Vida". Como afirma la oficina de comunicaciones de la Corporación de Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), una de las instituciones que participa en la Alianza, esta reunión tuvo como objetivo "responder por la posible destrucción de los lagos Yulton y Meullín y de seis mil hectáreas de humedales".

Según la Codeff, esta audiencia es parte de la querella de amparo presentada el dos de julio e interpuesta en tribunales de Puerto Aysén por los abogados de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) y la Alianza, "que busca proteger los lagos Meullín y Yulton, y la laguna Quetro, en su calidad de bienes nacionales de uso público, recursos que serían afectados de consolidarse el mega proyecto Alumysa".

Quienes también rechazan a Alumysa son representantes de los sectores productivos de la región, debido a la declinación que ocasionaría esta industria en las actividades que se desarrollan en la zona, como la pesca artesanal, el turismo, el comercio a escala local y la ganadería. Otro ámbito productivo que ha presentado recursos en contra de la canadiense en los tribunales han sido los productores de salmones, que temen una probable contaminación de aguas que puedan provocar los desechos de la procesadora

Empero, igualmente existen voces que están a favor del proyecto de la minera internacional. Para los defensores, Alumysa es un proyecto que utilizará tecnología limpia, que no agota ningún recurso natural, sino que sólo usa recursos renovables, como la energía hidroeléctrica, para su funcionamiento.

Al igual que los detractores del proyecto, en la discusión también exponen las implicancias económicas que significará para la región esta procesadora. Se estima que en la construcción de la infraestructura que requiere la planta se requerirán más de tres mil trabajadores, mientras que otros quince mil tendrán empleos por servicios adicionales, como transporte, vivienda, salud, educación, hotelería y servicios financieros. En el peak de los trabajos, habrá ocho mil personas en acción.

Los ejecutivos de Alumysa esperan que las operaciones de la planta comiencen el año 2008.

Habrá que esperar el curso de los acontecimientos y constatar qué tipo de desarrollo quiere el país: defendiendo a toda costa labores productivas compatibles con la naturaleza, o actividades que sacrifiquen el medio ambiente pero aseguren un rápido crecimiento económico.


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