Miles de jóvenes rinden la Prueba de Aptitud Académica (PAA) año a año con el objetivo de ingresar a la universidad. Mientras unos lo hacen motivados por el deseo de adquirir conocimientos que sirvan a la sociedad, otros se enfrentan al proceso para satisfacer una exigencia familiar.

Independiente de su motivación, el sueño de ingresar a la universidad choca con el problema del financiamiento de los aranceles que cobran las universidades para permanecer en ellas.

Gracias a la liberalización de la enseñanza universitaria, impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet a principios de los 80, florecieron casas de estudio privadas. Éstas ofrecen la posibilidad de estudiar a más jóvenes -desechados por el sistema tradicional- eso sí, con el lucro de por medio.

José egresó de la enseñanza media con promedio 4,9 y entró a estudiar Agronomía en la privada Universidad Mayor. Después que su padre canceló una fuerte suma por la matrícula y los aranceles, éste no rindió en lo académico y se cambió de carrera.

Para fomentar la incorporación a la universidad de aquellos que quieren estudiar, pero no pueden pagar, se creó el Fondo Solidario. Este sistema consiste en determinar el ingreso per capita del estudiante y sobre la base de un cálculo llamado Acreditación Socioeconómica, se obtiene su capacidad de pago.

En éste se estima que un alumno de educación superior vive con 60 mil pesos mensuales. Incluyendo transporte, alimentación y gastos varios, como fotocopias. De acuerdo a esto, se calcula la cantidad de crédito con la cual se beneficia al universitario.

Imaginemos una familia de cuatro personas cuyo ingreso total asciende a 400 mil pesos. De esta suma al estudiante le corresponden 100 mil a los cuales se restan los 60 mil que se supone necesita para mantenerse. Entonces, para el sistema de acreditación el educando puede pagar 40 mil.

Siguiendo con el ejemplo, si el arancel de su carrera es de 120 mil pesos mensuales, el Fondo Solidario debería aportar cada mes con 80 mil.

El vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Rodrigo Henríquez, cuenta el problema del Fondo Solidario: "cuando empezó esto, tu recibía un beneficio, año cero, donde el Estado ponía el dinero para cubrir aquello que los estudiantes no podían pagar, eso por cinco o seis años. Luego, el Estado no pone más plata y el dinero retorna a través del pago que hagan los estudiantes que recibieron el beneficio".

Pero agregó que eso no ha funcionado por dos razones: el aumento delo valor de los aranceles y matrículas y por el bajo retorno de los pagos.

Henríquez y la Fech estimaron que las personas que reciben bajo un 50% de crédito, son aquellos que pueden pagar todo. Quienes reciben entre 50 y 100, no alcanzan a pagar toda su deuda con las condiciones de pago actual.

Éstas son, dos por ciento de interés, quince años de plazo y dos de gracia una vez que el alumno egresó. El retorno esperado es de 65%, no obstante, si éste se cumple igual existiría un déficit de 25 mil millones de pesos a raíz del crecimiento de las matrículas y los aranceles.

A juicio de Henríquez, para que reingrese el 100% de los créditos se deben mejorar las condiciones de pago. Aumentar los años de plazo, elevar el interés y generar un sistema de cobranza efectiva.

Los privados, expertos en el tema de cobrar, ven con buenos ojos su introducción al Fondo Solidario, y por eso el gobierno les propuso a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a la banca participar del sistema. El Estado se haría cargo de las deudas de quienes no terminan sus carreras.

Esta reforma presenta otro vicio y es que el sector estatal tendría sólo un rol subsidiario, garante de los privados y no del estudiante.

Por esta razón, los estudiantes de "privadas" creen en la posibilidad de acceder al crédito universitario. El problema radicaría ahora en la acreditación académica de los planteles.

Existe un número importante de casas de estudio privadas cuya misión universitaria está en tela de juicio porque sólo imparten "carreras de pizarrón", y como señala Henríquez, "ofrecen ingenierías donde ni siquiera hay ramos de cálculo y matemáticas".

La Fech no se opone a que los planteles privados ingresen al Fondo Solidario siempre y cuando ofrezcan libertad de cátedra, es decir, que muestren todas las visiones de los temas y no sesguen la educación. Un ejemplo de esto se vive en la universidad de Los Andes donde no se enseñan métodos anticonceptivos a los estudiantes de medicina.

También plantean que es necesario que estas casas de estudio permitan la organización estudiantil y que se acabe con medidas restrictivas como el acudir a clases vestido de determinadas formas.

Además del crédito, existen otros dos subsidios del fisco: el Aporte Fiscal Directo (AFD) y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI). El 95% del AFD se entrega según la participación de la universidad en el año anterior y el cinco por ciento restante de acuerdo a los proyectos y programas de investigación que posean.

Las universidades regionales, escindidas de la Universidad de Chile, se ven perjudicadas con este sistema porque "La Chile" se queda con la mayor parte del financiamiento.

Por otra parte, el AFI, es el dinero que entra a las universidades -privadas o fiscales- que logran captar a los alumnos con los 27 mil 500 mejores puntajes de la PAA.

"Hay una fuerte correlación de los estudiantes que estudian en los mejores colegios, preuniversitarios y que entran a las carreras más caras, a las mejores facultades y acrecientan la brecha del sistema de educación superior", explica Henríquez.

El criterio de asignación del AFI posibilita que las "privadas" ofrezcan becas completas a estudiantes con alto puntaje en la PAA. La desaparecida Universidad de Las Condes brindaba gratuidad a quienes poseían 750 puntos o más en la PAA. Así, planteles de baja calidad, conquistan a estudiantes con beneficios económicos que sólo alimentan negocios enmascarados de casas de estudio.

El Arancel Diferenciado es un sistema alternativo al Fondo Solidario. Mejora el sistema de acreditación socio económica y eleva el techo de 60 mil pesos con los cuales vive un estudiante, según el Fondo. Luego de determinar la capacidad de pago, se paga lo que se puede, el resto es subsidiado por el Estado.

El fisco obtendría los recursos de una mejor distribución del Producto Interno Bruto (PIB) y de una eficiente recaudación de impuestos.

La Fech propuso que el diez por ciento destinado a las Fuerzas Armadas de la Ley del Cobre debería distribuirse en educación, salud y vivienda.

Actualmente, la educación superior recibe el 0,67% del PIB. El déficit es de 43 mil millones de pesos correspondiente al 0,17% del PIB. Si se eleva el aporte del PIB a la educación se supera el problema de la deuda.

El Fondo Solidario está en crisis producto de la deuda que arrastran las universidades. La discusión de un programa de ayuda económica alternativo, como el Arancel Diferenciado es una tarea pendiente que se debe resolver pronto.