Un respiro para miles de deudores fue la aprobación de la Ley Sobre Protección de Datos Personales, popularizada como ley Dicom. La nueva legislación representa una segunda oportunidad para más de un millón de personas naturales y dueñas de pequeñas y medianas empresas, que se atrasaron en sus compromisos financieros o comerciales.

Como varias otras normas que benefician directamente a las personas, el camino de ésta tampoco fue fácil. Después de su aprobación unánime en la Cámara de Diputados se estancó alrededor de diez meses en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

Entre las modificaciones que introdujeron los honorables, se encuentra la salida inmediata del "nefasto" registro histórico de aquellos deudores de servicios básicos y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). De ahora en adelante, aunque exista morosidad no podrán caer a las garras del Dicom.

Insatisfechos, algunos parlamentarios acusaron discriminación contra aquellas personas que deben a otras áreas públicas, como al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) o los deudores del crédito universitario.

Protección a la vida privada

Hasta antes de la ley, existía un registro histórico que daba cuenta de la situación financiera de cada persona. Estar en él significaba estar fichado, como los delincuentes con la policía. Aún cuando purgan su condena, ya sea encerrado en la cárcel o pagando la deuda, quedan "manchados".

Con las nuevas normas se determina que, quien canceló sus pasivos debe ser eliminado de la lista negra. Se indica además, que todo deudor cuyo compromiso es menor a dos millones de pesos al primero de mayo de este año también debe ser anulado del banco de datos.

El informe de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el Boletín Comercial, que revela la situación pendiente de personas o empresas cuenta con uno de estos registros.

Según los autores de la normativa, encabezados por el diputado PPD Eugenio Tuma, estas iniciativas son necesarias en medio de las condiciones económicas actuales. Un factor importante para el parlamentario son los altos índices de cesantía que el país ha acumulado durante los últimos tres años. El último trimestre móvil marzo-mayo arrojó un 9,1% de cesantes, alrededor de 536 mil 300 personas.

Para alguien que tenía antecedentes comerciales pendientes era muy difícil encontrar empleo. Como no tenía trabajo, y por consiguiente, tampoco remuneración le era imposible cumplir con sus acreedores. El "mal antecedente" disminuía sus posibilidades de trabajar. Y así el círculo vicioso se mantenía.

La ley favorece la reinsersión laboral de los desempleados que tienen deudas. Ningún empleador podrá condicionar la contratación a incumplimientos económicos, financieros, bancarios o comerciales. Pero, como dicen ancianos sabios, el papel aguanta mucho.

Los que alaban la iniciativa resaltan que la más beneficiada con estas disposiciones es la economía nacional. La ley Dicom estimula la asignación de créditos a personas que, atrasadas y todo cumplieron con su obligación.

Asimismo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se encuentran en idéntica condición, podrán acceder a créditos de la banca que le permitan incrementar su producción y generar más empleos. Un verdadero golpe vitamínico para las decaídas condiciones económicas actuales.

Otra de los mandatos de esta disposición es que reduce de siete a cinco años el plazo de prescripción para los datos de deudores en los registros comerciales.

La publicada ley prohíbe entregar información sobre deudas canceladas o que extinguieron. Los datos sobre compromisos con el INDAP y de servicios públicos de teléfonos, electricidad, agua y gas no podrán ser comunicadas por las empresas responsables de los registros o bancos de datos.

Venta de datos históricos

El espíritu de la ley no ha sido respetado en plenitud. Después del 13 de junio, día de la publicación del mencionado cuerpo legal, se conoció de dos empresas que comercializaban su base de datos a entidades bancarias. El diputado PPD, Antonio Leal, denunció a las empresas Databussiness y Siisa, de transar la información de más de dos millones de personas.

A la venta formal de registros comerciales supuestamente borrados, se suma el florecimiento de las llamadas "fuentes informales" para conseguir registros privados sobre deberes financieros. Según entidades comerciales, la información es el único modo de protegerse ante los malos pagadores.

No todo es color de rosa

Los beneficios de la ley son aplaudidos y respaldados por los gremios de pequeñas y medianas empresas y por el comercio detallista, además del gran número de desempleados. Pero también cuenta con detractores.

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Hernán Somerville, ha señalado en reiteradas ocasiones su malestar frente a la medida. Aseguró que normativas que dificulten el acceso a la información comercial resultan negativas para el desarrollo de la economía.

El dirigente planteó que en la medida que disminuye la calidad y cantidad de información disponible, se dificulta el proceso de análisis crediticio, aumentando por ello el riesgo y los costos de estos procedimientos. Advirtió que es especialmente complicada para el acceso a la banca de los segmentos de menores recursos de la población.

La ley no debe interpretarse como un "perdonazo", recalca el sector empresarial, como erróneamente ha sido entendida, puesto que las obligaciones impagas continúan vigentes y deben ser canceladas.

Otra de las criticas que ha recibido la legislación desde los gremios comerciales, es que la medida fomenta a los prestamistas informales. Sostienen que las empresas pueden verse empujadas a endeudarse en este mercado.

El sector más perjudicado serían los pequeños negocios que no cuentan con defensas apropiadas frente a sus deudores, señalan algunos críticos.

En tiempos de crisis…

Para los gestores de la ley, ésta tiene como finalidad otorgar mayores beneficios a quienes por diversas causas y por la situación económica actual no han podido cancelar sus cuentas. Argumentan que durante la crisis económica de los años ´80 se les dio facilidades a los bancos para surgir. Añaden que hoy es lógico dárselas a las personas más aquejadas económicamente.