Cuando unos seis mil estudiantes marchaban por calle Lord Cochrane, bajo la consigna de "Educación Gratis", recibieron una lluvia de monedas desde las ventanas de la sede de la Universidad Central que se encuentra en esa vía capitalina. No tardó en armarse la pelea. Las monedas, los gritos, las respuestas, los golpes. Al final, todos medio arrepentidos y todos medio confundidos.

Desde este altercado ocurrido el 16 de mayo pasado, las sucesivas protestas, paros y otras yerbas contestatarias que los estudiantes han hecho suyas, a las que se sumaron las de mayor grado de violencia registradas en las regiones del país, se ha hecho notoria la tónica del conflicto generado por la Propuesta de Reforma del Financiamiento Estudiantil de la Educación Superior presentada por el Ministerio en enero pasado. Si es acaso un diálogo de sordos o no, todos los actores de este conflicto concuerdan en el hecho elemental: el fondo solidario tal y como funciona actualmente, no alcanza para todos los estudiantes que lo requieren y, por lo tanto, hay que perfeccionar el sistema. Sin embargo, no han logrado "sentarse" a discutir. Antes aparecen las discrepancias.

Sobre la propuesta se ha dicho de todo. Que es una privatización encubierta del sistema de créditos en las Universidades Tradicionales o que es sólo una manera de generar más recursos para el fondo solidario. Pero podría decirse que el asunto no comienza en la propuesta, sino que se arrastra desde las nostalgias universitarias de los sesenta, cuyos representantes recuerdan el hecho, insólito para nuestros días, de que estudiaron gratis. Claro que en 1960 habían 11 mil estudiantes en las universidades y actualmente hay cerca de 450 mil. "Esa es la gran diferencia" subrayó la ministra y agregó que aparte de preguntarse cómo el Estado financia la educación de esos miles de jóvenes, debe considerarse que "es una inversión pública importante para el país, pero también es una inversión privada. Ese joven está haciendo un esfuerzo, pero va a ganar mucho más que uno que no tuvo estudios".

La máxima autoridad educativa conversó con The Moroso, la mañana del 16 de mayo, justamente el día en que los estudiantes comenzaron las movilizaciones.

Mariana Aylwin, que hasta ese momento no entendía el motivo de las movilizaciones, defendía su idea de que el Estado tiene que garantizar la educación, no necesariamente financiarla.

Primer desacuerdo: los estudiantes no bajan las banderas por la educación gratuita, a pesar de que nuestro país dejó definitivamente atrás esta posibilidad desde el momento en que cambiaron las reglas del juego económico (léase desde 1973).

En la actualidad, el crédito representa, el mayor volumen de recursos de la ayuda estudiantil. Los beneficiarios pagan un 2% de interés anual y en moneda indexada, para mantener el valor del dinero. En este caso se utiliza la Unidad Tributaria Mensual (UTM).

El crédito se paga contingente al ingreso del profesional. Se le descuenta un 5%, durante un período máximo de 15 años y con dos de gracia tras la titulación. Este sistema ha dado como resultado un racionamiento del crédito y una altísima morosidad: definitivamente los que salen de la universidad no están devolviendo la mano para que otros estudiantes accedan al mismo beneficio que ellos tuvieron. En algunas instancias se puede acceder a becas pero con altas exigencias académicas y de acreditación económica.

Tras un diagnóstico del sistema, el ministerio concluyó que se necesita una reforma radical, enfocada hacia dos vertientes: proveer de más recursos al fondo solidario para lograr una "cobertura completa" y abrir la posibilidad de crédito a los estudiantes de las Universidades Privadas y Centros de Formación Técnica, que representan más de la mitad del universo de estudiantes del país.

Lo que se intenta con la propuesta es perfeccionar tres sistemas de financiamiento: el crédito, las becas y el ahorro previo. En este último caso, se trata de incentivar a las familias que desde las etapa escolar comiencen a ahorrar. El incentivo sería un subsidio: un porcentaje en función del ahorro acumulado al momento de la matrícula.

Con respecto a las becas, el Ministerio quiere fortalecer determinadas áreas de formación o, en otras palabras, entregarlas a quienes opten por las carreras que "el país necesita". Según la ministra, Chile necesita más que nada Técnicos de nivel Superior.

El que no paga ... ¿la paga?

La idea del Mineduc, es aumentar los recursos para dar crédito a través de aportes específicos del gobierno, un sistema de cobro más eficiente para recuperar los créditos antiguos y la emisión, por parte de una Agencia, de bonos que se vendan en el mercado de valores, cuyos principales demandantes serían los inversionistas de capitales de largo plazo, es decir, las Compañías de Seguros y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Según la propuesta, la Agencia sería una institución autónoma del Estado, que repartiría los recursos según la elegibilidad de cada estudiante (mérito académico y nivel socioeconómico), y los aportes fiscales serían la garantía para las inversiones de los privados.

Iván Mlynars, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, rechaza de plano esta propuesta acusándola de privatización encubierta.

Según el dirigente, las AFPs van a comprar los bonos siempre y cuando sean un buen negocio, es decir, van a tener que competir. "Si las AFPs no compran el sistema no funciona y allá aparece la lógica de mercantilización. Si los bonos no son comprados la propuesta no vale nada", enfatizó.

De llegar a existir, los bonos serían instrumentos financieros de largo plazo y por tanto de renta fija. Esto quiere decir que la tasa de interés estará determinada en el pagaré que se extienda a cada inversionista, y que necesariamente la suma estará expresada en moneda reajustable según el IPC, posiblemente en Unidades de Fomento. Esto significa que los inversionistas, saben cuánto recibirán de vuelta, al momento de hacer la inversión. Las Compañías de Seguros y las AFPs serían los demandantes naturales puesto que son empresas que trabajan con recursos de largo plazo.

Según el académico Luis Cruz Pino, Vicepresidente para América Latina del Singapore Financial Bank, estas empresas buscan dar rentabilidad al cotizante, por lo que prefieren inversiones recuperables con el menor riesgo. Según el economista, el respaldo del Estado es un atractivo, por la seguridad, pero faltaría establecer la parte de rentabilidad de la tasa de interés que complementaría el alumno, es decir, el otro porcentaje que pagaría, que necesariamente sería mayor al 2% actual.

Para Cruz, la propuesta efectivamente tiene un sentido de privatización. Explicó a The Moroso, que si una empresa privada es quien financia un endeudamiento, la deuda es privada. "Como yo lo entiendo, la persona vende su pagaré o lo transa en el mercado con compañías privadas. Se salta el financiamiento bancario porque directamente hace negocio vendiendo su instrumento financiero a una institución que maneja recursos a largo plazo", señaló.

El Jefe de asuntos estudiantiles del Mineduc, Cristián Torres, afirmó que la tasa de interés debiera rondar la que fija el Banco Central, es decir, entre un 4 y un 5%. Explicó que, para los estudiantes de carreras menos cotizadas en el mercado laboral en términos de remuneraciones, se podría establecer tasas de interés variable, que los beneficien. Torres explicó que desde el punto de vista del inversionista, la tasa de interés se constituye de lo que paga el estudiante y el diferencial que pone el Estado para hacerla atractiva.

Con respecto a las críticas, acerca de que el Estado estaría transfiriendo fondos directamente al bolsillo de los inversionistas, Torres señaló a The Moroso que una tasa del 2% más los costos que acarrea el 47% de deudores morosos que existen, implica que el Estado realice desembolsos aún mayores que lo que significa aportar un 4% para hacer subir la tasa de interés. "El tema de quién haga un negocio o no es discutible, porque las AFPs trabajan con un sistema de comisión fija, es decir, sacan el mismo porcentaje de las cotizaciones de un trabajador si la rentabilidad es de un 20 o de un 2% anual. Si los niveles de rentabilidad son buenos, quienes están ganando son los afiliados", concluyó.

El Presidente de la Fech, en tanto, tiene bien sacadas sus cuentas. Se refirió a la Ley que regula a evasión tributaria, con la que se recuperarán cerca de 4 mil millones de pesos en seis años, lo que significa 800 millones anuales. "Un 15 0 un 20% de eso y tenemos un sistema de financiamiento para todas las universidades sin ningún problema", aseguró. También criticó la Ley del Cobre: "solamente con un tercio de lo que hoy se destina a las FFAA, tenemos arancel diferenciado con gratuidad para todos los estudiantes de las Universidades del Consejo de Rectores", concluyó.

Diálogo Para el Diálogo

Cristián Torres, del Mineduc, insistió en que la idea era someter al sistema a una cirugía mayor e incorporar gradualmente a las instituciones privadas. "Entendíamos, y por eso lo presentamos siempre como una propuesta, que esto sería posible sólo en la medida en que se generaran los consensos necesarios entre los distintos actores. Si esto no se generaba, y la tendencia era más bien hacia perfeccionar algunos mecanismos, nosotros estábamos dispuestos. En la reunión del Consejo de Rectores se acordó esto último", señaló.

• The Moroso: ¿entonces para qué mantienen la propuesta?

• Torres: pero si no continuamos con la propuesta ... lo que decimos es que es una base para discutir. Se necesitan mayores recursos para poder llegar a todos los estudiantes y nuestra opinión es que esos recursos no están en el sector público y hay que sacarlos del sector privado.

Según Mlynars, la movilización del 16 de mayo fue convocada para que se sintiera el rechazo tangible en los estudiantes de todo el país. Agregó que después de entregada la carta de repudio en el ministerio, se logró que este sistema no sea aplicado a partir de este año, como lo tenían presupuestado en dicha cartera.

Torres, dijo que la movilización carecía de sentido, ya que mucho antes de que la Confech convocara la marcha, el Consejo de Rectores acordó con el ministerio, según acta del 3 de mayo, que "no hay ni habrá a futuro privatizaciones de las universidades de educación pública, que se mantendrá y perfeccionará el actual sistema de financiamiento estudiantil" y, que en coexistencia con éste, "se estudiará uno nuevo que permita dar mayor equidad y cobertura en el acceso a la educación Superior, abierto a estudiantes e instituciones no pertenecientes a este Consejo".

En todo caso, Torres ya admitió que si eventualmente comienza a operar la Agencia de Financiamiento, lo hará definitivamente con dos fondos, uno para las Universidades del Consejo de Rectores, y otro para las Instituciones Privadas, de manera que no se topen.

El ministerio quiere discusión y diálogo, pero para qué, se pregunta Mlynars y se responde: "para decir que está dialogando, no para dialogar".