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N
A C I O N A L
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por
María Alejandra Moreno
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Dos premisas son claras en el mundo de los remates: casi cualquier bien puede subastarse y el Ministerio de Economía es la entidad que autoriza a ejercer como martillero público. Aparte de eso, son muy pocas las certezas en esta actividad cuya fiscalización nadie asume y que, por tanto, queda sometida a los criterios de quienes la ejercen. Basta dar un vistazo a los periódicos del fin de semana para comprobar que, al menos en Chile, se remata prácticamente cualquier cosa. Plantas de alpargatas, guardasables japoneses, lapiceras, obras de arte y vitrinas refrigeradas forman parte del amplio abanico de bienes que son subastados en alrededor de un centenar de casas de remates que funcionan actualmente. Un buen ejemplo de ello es la casa de subastas Madrid del Solar que opera hace ocho años y realiza en promedio dos remates a la semana. Aunque el fuerte de la empresa es la liquidación de maquinaria industrial, en los hechos "se remata de todo". Así lo confirma Eva Ramírez, quien trabaja desde los inicios en la compañía y asegura que "si alguien va a un remate, se asombraría de la cantidad de chatarra que se vende". En Chile existen 1315 subastadores inscritos en el Registro Nacional de Martilleros "pero eso no significa que estén todos ejerciendo", señala César Contreras, de la Unidad de Asociaciones Gremiales y Martilleros (UAGM). Esto se explica porque el registro es una lista correlativa de subastadores que data de 1982, año en que se regula la actividad de martillero público en el país. Desde esa fecha, los martilleros inscritos en el Registro Nacional están habilitados para realizar remates voluntarios pero no judiciales. Se está ante un remate voluntario o público cuando las personas entregan bienes por su propia voluntad para que se vendan en subasta pública. Si es un juez quien determina este hecho, se trata de un remate judicial.
Ningún curso especial es necesario para ser martillero público. De hecho, los dos requisitos básicos de los aspirantes son tener aprobada la enseñanza media y contar con capital propio. Las personas naturales que deseen inscribirse como martilleros deben disponer de un patrimonio equivalente a mil quinientas unidades de fomento (UF) mientras que, si se trata de sociedades, el monto asciende a cuatro mil UF. El capital sirve para resguardar a los terceros que interactúan con quien remata. Por ejemplo, "si se entrega un bien a una casa de remate, el bien no se vende y luego éste desaparece", explica C. Contreras. Un motivo para quedar fuera de la carrera por el martillo es tener alguna mancha en los antecedentes comerciales o penales. Los que también deben olvidarse de subastar son aquellos martilleros que hayan sido declarados en quiebra, pues eso los inhabilita de por vida al puesto.
Si se quiere ir más allá y ser miembro del selecto grupo de martilleros judiciales, hay que someterse al arbitrio de la Corte de Apelaciones de Santiago. Como mínimo, hay que llevar dos años ejerciendo como martillero público y mostrar solidez económica. También hay que contar con una bodega para vehículos, enviar fotografías de las oficinas y dependencias, tener patente al día y mandar una nómina de los empleados y patrimonio, entre otros requisitos. Luego "el pleno de la Corte designa los martilleros y se les comunica a los juzgados en una lista", cuenta Jorge Gómez Balmaceda, miembro del "club de los judiciales". Este martillero de tez clara, pelo blanco y carácter fuerte dedica todas sus horas de trabajo al rubro de las subastas y, en sus ratos libres, cría catitas y loros.
Aunque es un privilegio pertenecer a la lista de martilleros judiciales, no es condición suficiente para garantizar que efectivamente se realicen remates de este tipo. ¿La razón? "En los juzgados corre mucha plata", explica Julio Páez, martillero desde 1985 e ingeniero mecánico de profesión. "En estos momentos el que más remates hace es Ferreira. Pero Ferreira va y coimea", afirma el ingeniero. Y a Páez, quien declara nunca haber dado un peso a los juzgados, curiosamente le llegan pocos juicios. Este tipo de desproporción ha hecho que Páez sólo tome un martillo los sábados o domingos. Todo un enigma resulta también que a J. Gómez Balmaceda jamás le hayan pasado un juicio del Primer Juzgado Laboral, en circunstancias en que lleva doce años en el rubro. Esto podría explicarse por la enorme cantidad de tiempo que algunos invierten en establecer su propia red de contactos en el poder judicial. "Hay algunos martilleros que se dedican a andar todo el día en tribunales y tienen sus amigos. Éste es un país así, de privilegiados", declara Gómez B., uno de los pocos martilleros que tiene estudios de leyes ya que la gran mayoría sólo tiene aprobado el cuarto medio.
El mejor postor Algunas semanas y hasta meses puede pasar un bien en la bodega de una casa de remate. La larga estadía se debe a que, dentro de lo posible, se evita que los objetos sean vendidos al mejor postor. De hecho, se opta por esta última alternativa sólo cuando ya se ha intentado rematar los objetos con un precio mínimo y no hubo posturas. "No nos arriesgamos a subastar al mejor postor si sabemos que las cosas tienen mínimo", asegura Eva Ramírez de la casa Madrid del Solar, empresa dedicada sólo a remates voluntarios. Publicar los objetos con posturas mínimas permite orientar al público y evita, por ejemplo, que una máquina de helados que cuesta 180 millones de pesos tenga posturas por diez mil pesos. "Hay gente que no tiene idea que la máquina funciona y quiere comprarla como chatarra para después venderla por kilo", dice Ramírez. En el caso de los remates judiciales, la forma de liquidar un bien no queda a criterio de la casa de subastas. Cuando son juicios civiles se debe rematar todo la primera vez. Si se trata de juicios laborales, "el juzgado fija un precio mínimo para el primer remate y, si no hay interesados, se solicita un segundo remate por dos tercios del valor (inicial)", explica J. Gómez Balmaceda. Cuando no hay interesados en el segundo remate, se realiza una tercera subasta al mejor postor. En cualquier caso, un aviso de remate "al mejor postor", no hay que entenderlo en forma literal. Los martilleros dan por supuesto que todos los postores tienen sentido común y que sus ofertas se alinean con los precios de mercado. Un punto vital a la hora de ir a un remate es la comisión que cobra el martillero ya que ésta representa su única vía de ganancias. Las comisiones que cobran los martilleros judiciales varían en relación al valor del bien subastado y sus límites los fija la ley. En tanto, las comisiones de remates voluntarios son establecidas por los propios subastadores y, por lo general, aparecen publicadas en los avisos grandes de los diarios.
Viernes de remate Los viernes son días de remate en la calle Bascuñan Guerrero, lugar donde se ubica la empresa de Jorge Gómez Balmaceda. A seis cuadras de la Alameda, el amplio portón, que publicita con fondo rojo y letras blancas el negocio, permite el paso holgado de dos vehículos en forma simultánea. Todos los bienes que se subastarán a mediodía están a la vista desde hace al menos 48 horas y se encuentran debidamente identificados. Las posibilidades para los más de treinta asistentes van desde vehículos o herramientas hasta peinetas o muñecas. Pero la sola exhibición de los bienes no asegura que efectivamente se liquidarán ese viernes. En efecto, un minuto antes de empezar el remate judicial, el juez puede dar la orden de suspender la subasta de determinado "lote" - o bien a rematar-. Cuando son remates voluntarios puede suceder lo mismo ya que hay personas que se arrepienten. Ante esto no hay nada que hacer "porque las cosas son de ellos y nosotros no las compramos", explica Eva Ramírez. Antes de dar comienzo al remate, Jorge Gómez Balmaceda advierte que están presentes dos martilleros dentro del público. En teoría, eso está prohibido pero, en la práctica, participan de la subasta los martilleros Patricio Fuenzalida y Ramón Rey. Además, también teóricamente, un martillero no puede tener una compraventa de automóviles. Sin embargo, en el remate participaron subastadores que justamente "querían comprar vehículos para venderlos en sus respectivas compraventas de autos", asegura Gómez Balmaceda. Asimismo, la ley prohíbe que cualquier artículo adquirido en una subasta pública se remate nuevamente antes de seis meses. Pero esto tampoco se controla. Así, la única
instancia realmente regulada en el mundo de los martillos es la acreditación
de requisitos para ejercer como subastador público. Una vez traspasada
esa valla, se entra en un terreno donde las leyes se obvian o simplemente
no existen.
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