Quien perciba un mayor movimiento en la industria musical chilena está completamente en lo cierto. Ejemplo de ello es el éxito masivo de programas "busca talentos" como "Rojo" o las versiones chilenas de "Operación Triunfo" y "Protagonistas de la Música", con sus predecibles efectos secundarios: jóvenes agolpados a la puerta de turno gritando por sus nuevos ídolos, con pancartas, cintillos, piropos y gritos, y las resultantes altas ventas de sus productos. A este fenómeno se le suman una serie de conciertos masivos, importantes ventas de discos y una mayor presencia del "producto nacional" en los diales, además de la exitosa internacionalización de artistas y bandas como La Ley, Lucybell, Alberto Plaza, Los Prisioneros, por mencionar algunos.

Pero el panorama no es tan rosa como parece. Sobre éste se cierne el ubicuo fantasma del pirateo. La tecnología de reproducción hace años le está jugando una mala pasada a la industria musical en el mundo entero. La facilidad para copiar y bajar música genera trastornos tales como los expuestos recientemente en un informe de la Federación Internacional de Industrias Fonográficas (IFPI, por sus siglas en inglés), el cual informó que la venta de grabaciones musicales cayó en más de 7 por ciento durante el año 2003. Si reducimos la muestra a un mercado chileno históricamente pasivo, el escenario se aleja bastante de ser miel sobre hojuelas. Y ahí es donde se cruzan las delicadas tramas de la música como forma artística pura con su difusión, producción masiva y el problema de los derechos de autor.

SCD al rescate

La condición anodina de los derechos de autor gatillaron una nueva actitud, de mayor responsabilidad y atención jurídica, económica y ética. Fue así que el 7 de enero de 1987 vio la luz en nuestro país la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), como una corporación sin fines de lucro dedicada a defender la autoría de los creadores musicales chilenos. Desde esa fecha, la entidad ha tenido que batirse con uñas y dientes en el terreno inhóspito de la gestión cultural, muy poco desarrollada en Chile.

Ser pioneros en muchas de sus iniciativas y posteriores logros es la constante de su historia. En 1992 la entidad obtuvo la autorización legal para administrar los derechos de sus titulares autónomamente, a raíz de la promulgación de la Ley 19.166. "Quien cobraba los derechos de autor hasta antes de esta norma era el Departamento del Pequeño Derecho de Autor de la Universidad de Chile. Eso en lo que respecta a la música. Lo que no era música, estaba entregado directamente a los autores, quienes al no constituir un grupo organizado, debían negociar en forma individual", explica a The Moroso el abogado y director del Centro de Estudios y Servicios Legales de Propiedad Intelectual de la SCD, Jorge Mahú.

La promulgación de la normativa permitía la constitución de entidades de gestión colectiva como las sociedades de autores, lo que le permitió a la SCD consagrarse en forma definitiva a su propósito fundamental: administrar los derechos de ejecución pública y de reproducción de las obras musicales de sus asociados.

El esfuerzo inicial que congregó a los 13 socios fundadores se proyectó a los más de 3 mil afiliados con los que cuenta hoy, entre autores, compositores e intérpretes nacionales de todos los géneros, editores y productores de fonogramas, además de otros miles de creadores de las sociedades de autores internacionales.

El engranaje autoral

La SCD se encarga de tres actividades básicas: administración de licencias y autorizaciones a usuarios que deseen comunicar al público o bien grabar soportes sonoros o audiovisuales de creaciones musicales; la recaudación por conceptos de licencia y, por último, la distribución de estos derechos a los artistas.

"No hay ningún autor de música que hoy día esté en condiciones de ir radio por radio, canal por canal o local por local donde su obra se quiera ejecutar o difundir al público para otorgar un permiso a cambio de un pago. Por lo tanto, cuando hay usos masivos son organizaciones las que reúnen a todos los autores y en su nombre otorgan los permisos a cambio de una remuneración" indica Mahú a ThM.

En este sentido, la principal tarea de la Sociedad es el cobro de los derechos de autor de sus socios o administrados directos, lo que incluye la recaudación de los creadores y los llamados derechos conexos, cuyos titulares son los productores e intérpretes.

Junto con pagar la autorización, el usuario debe entregar una nómina de las obras que utilizó, de modo que la SCD pueda asignar el dinero a quienes corresponda. Lista, que es fácil de obtener en el caso de conciertos, eventos, radios y TV, pero que presenta dificultades en el caso de locales pequeños que cuentan con aparatos reproductores. En estos casos, se realizan sondeos para determinar el tipo de música que difunden y a partir de eso repartir los derechos.

Las tarifas que cobra la SCD a los usuarios están definidas a través de una clasificación de los establecimientos que utilizan las obras, de acuerdo a la importancia que represente la música para cada giro o actividad. Así, el pago por derechos puede ir desde un porcentaje de los ingresos -en el caso de los conciertos o las discotheques- hasta una pequeña suma fija en el caso del transporte colectivo o tiendas de cualquier índole que utilicen las obras para fines de ambientación (ver recuadro).

Si bien en el primer caso parece fácil detectar aquellos locales que deben cancelar permisos, en el segundo la tarea parece irse de las manos. Para fiscalizar este gran universo "hormiga", la SCD dispone de 30 supervisores, encargados mediante pesquisas en terreno de detectar los lugares donde se difunde música sin autorización. Una misión imposible, dirán algunos, pero que a juicio de Mahú ya está dando frutos. "Te puedo decir que en Chile más de 7 mil locales entre zapaterías, peluquerías, tiendas de ropa para niños, entre otras; tienen hoy una licencia que permite que ellos legítimamente - a cambio del pago de un precio mensual- puedan utilizar música".

En otros países también existen sociedades similares, las cuales tienen un convenio con la SCD a través del cual la facultan a cobrar los derechos de los autores extranjeros que están suscritos a éstas. "Tenemos en este momento más de 70 contratos de este tipo, en virtud de los cuales representamos el conjunto de las obras que hoy día se están utilizando en el país".

El camino recorrido y lo que falta por recorrer

Sin duda la SCD ha constituido un gran avance, no sólo en términos de propiedad intelectual, sino también como un organismo de gestión que ha contribuido a proteger y potenciar a los artistas nacionales en una gran cantidad de aspectos.

Tras conseguir su gestión autónoma en 1992, esta organización ha logrado ampliar en casi un 50% el número de usuarios que pagan derechos de autor. Por otro lado, la existencia de una corporación de esta naturaleza ha permitido negociar acuerdos tarifarios con distintas asociaciones de consumidores de música (supermercados, malls, radios, canales de TV), al tiempo que se consolida como la voz de la comunidad musical y un instrumento de negociación frente a los poderes públicos en materia legislativa.

En este sentido, Mahú destaca además el aumento considerable en el número de socios. A modo de ejemplo, en 1992 contaban con 700, cifra quintuplicada con los cerca de 3 mil 500 miembros actuales, lo que a su juicio refleja el buen desempeño que ha tenido la entidad en términos de recaudación.
Si bien se ha avanzado bastante en materia de recaudación en los últimos años, hay un mercado incipiente en lo que a cobros por derechos de autor se refiere. Es el caso de los centros de eventos, donde se realizan diversas actividades en las cuales se utilizan obras musicales sin ningún tipo de autorización, lo que los convierte en un nicho que promete acrecentar las entradas de los autores que protege la SCD.

En una situación similar se encuentran los rubros de soportes digitales, que constituyen un potencial importante y que aún no ha sido explotado. Otros mercados emergentes corresponden al segmento de las empresas de buses, que hasta hace un par de años no pagaban permisos por este concepto, y la irrupción de locales de karaoke, que en su mayoría -aunque parezca increíble- operan sin pagar ningún tipo de derechos musicales.

Más que apoyo moral

Pero no sólo de protección vive el artista. Claramente el escenario musical chileno necesitaba de un impulso radical para salir de su letargo histórico.

Grupos como Lucybell se han presentado a tablero vuelto en las Salas de Concierto de la SCD.

En el año 1994 se abrió al público la primera Sala de Conciertos de la SCD (ubicada en Santa Filomena 110, en pleno barrio Bellavista) especialmente diseñada para la presentación de espectáculos en vivo de músicos nacionales. Las entradas a precios asequibles -que van generalmente de los 2 mil a 4 mil pesos- y su variada oferta estilística, han contribuido a hacer de las tocatas de la SCD uno de los mejores panoramas musicales santiaguinos.

Como lógica consecuencia del éxito conseguido, el 15 de mayo de 2002 se abrió un segundo recinto en el mall Plaza Vespucio de La Florida, con equipamiento de iluminación y sonido de última generación.

La dos salas de conciertos, el Centro de Música y Tecnología (CMT) y la Escuela de Música son las iniciativas de mayor renombre emprendidas por esta organización, que se las ingenia para formar, capacitar y difundir el trabajo de sus afiliados.

También, han desarrollado una compleja red de asistencia económica (anticipos, préstamos, Fondos de Fomento a la Producción Musical) y prestaciones relacionadas con el tema de la cobertura en salud.

A la caza de los piratas

Pese a los avances que ha conseguido la SCD en el último tiempo, existe una sombra que oscurece el panorama de la defensa de la propiedad intelectual: la piratería. Atrás quedaron Barba Roja o Francis Drake. Ahora los piratas ya no usan parche en el ojo ni garfio, y han adoptado nuevas formas de atraco, siendo el buque de la industria musical uno de los más afectados. El mar fue abandonado para instalarse en tierra firme y desarrollar verdaderas industrias de copias ilegales de todo tipo de bienes culturales.

Según datos de la Asociación de Productores Fonográficos de Chile, este delito ha contribuido a reducir las ventas legales a casi la mitad entre 1998 y el 2003. El primer semestre del presente año arrojó también una nueva baja. Por cierto, son las empresas discográficas las más afectadas, ya que son las que invierten en publicidad y difusión y registran la casi totalidad de las utilidades. El verdadero soporte económico de los músicos son las presentaciones en vivo, por lo que el pirateo los afecta más desde el punto de vista autoral.

La Comisión Antipiratería (CONAPI) cifró en 200 millones de dólares las pérdidas anuales provocadas por la piratería en sus distintos tipos. De éstos, 20 millones corresponden a la industria musical. Mientras a nivel mundial la discografía pirata alcanza el 35% de las unidades vendidas, en Chile la situación es aún más preocupante: cuatro de cada cinco discos que compran en nuestro país son ilegales, cantidad que suma una cifra cercana a los 5 millones dólares cada año, superando incluso los propios ingresos anuales de la SCD.

Cabe señalar que estas cifras son conjeturas muy antojadizas. El público compra los piratas porque son considerablemente más baratos, y si no existiesen, sólo en contadas ocasiones compraría el original. De ahí que una política razonable no va sólo por un control de la piratería, sino por ofrecer precios más asequibles. Situación que ha motivado la aparición cada vez más notoria de sellos independientes.

De todas formas, enfrentar el problema es sin duda una de las prioridades de la Sociedad. Y los disparos son a dos bandas: aportando un porcentaje de sus ingresos para la lucha contra la piratería y participando directamente en la modificación legal que corrija las deficiencias de la normativa vigente.

En la actualidad, el delito se castiga con penas que van desde 60 a 541 días de cárcel, sin importar la cantidad de copias incautadas. Mahú sostiene que estas condenas son simplemente "insignificantes" para este tipo de ilícitos, y alude a la necesidad de una graduación en las sanciones, dependiendo de la gravedad y participación en el delito. "Hoy se castiga de la misma forma a la persona que está vendiendo en la cuneta que aquél que invierte millones para la fabricación de los discos".

Nivia Palma, ex directora del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Cultura (Fondart) y actual gerente general de la Cámara Chilena del Libro, señaló a ThM que en comparación con los países desarrollados, la legislación en Chile es mucho más permisiva de lo deseable. "Las penas son irrisorias. Los piratas de la calle pasan cuatro horas en la penitenciaria, mientras que los que generan las copias -que son del barrio alto- arriesgan penas de cárcel en su grado mínimo, que siempre terminan en fianza".

Si bien la figura del pirata que tenemos en Chile es la del comerciante ambulante que arranca apenas huele la presencia de carabineros, lo cierto es que detrás de ellos existe una verdadera industria. Según la Asociación de Productores Fonográficos, en nuestro país operarían al menos cinco bandas organizadas de este tipo, cuya sede estaría en Iquique.

"No mates la música. Compra siempre el original" fue el lema de una de las campañas contra la piratería con mayor repercusión en el país. fuente: SCD

"La piratería se podría controlar muy bien si uno pudiera fiscalizar la copia privada. Esto consiste en que cada vez que una persona compra un cassette virgen y a partir de eso pudiera hacer copias para su uso personal, la venta de éste incluya un gravamen de un determinado porcentaje, para de ese modo asignarles esa plata a los autores cuyas obras pueden ser potencialmente grabadas", expuso Mahú. Este tipo de normativa rige en países europeos y constituyen un aporte, no sólo para regular la copia en baja escala, sino también para detectar grandes plagios.

Mahú explicó a ThM que los procesos judiciales en Chile tampoco contribuyen a controlar la piratería. "No se saca nada con iniciar una demanda que se va a notificar tres meses después contra una persona que ya no va a estar. Necesitamos procedimientos ágiles y efectivos, donde rápidamente se detecte un caso y exigirle el pago y las compensaciones correspondientes".

La música no muere, es la industria la que la mata

Hoy en día son miles los chilenos (así como alrededor del mundo) que descargan e intercambian gran cantidad de música a través de sus computadores, sin pagar ningún tipo de derechos. El director del centro de estudios de la SCD es categórico en este sentido. "La gente sabe que tiene que pagar. Está haciendo un uso no autorizado y sabe que lo están haciendo".

Según datos de la IFPI, hoy en día existen unos 200 mil sitios que permiten bajar archivos musicales, mientras que en el caso del intercambio de música a través de la red, los usuarios superan los 6 millones, casi el doble de los que existían en 2002. Un tema complicado, en cuanto puede criminalizar un sistema que ayuda al sano intercambio musical privado y no sólo al comercio pirata indiscriminado.

Si bien este caso es relativamente nuevo, la SCD ya ha comenzado a cobrar derechos a los sitios chilenos que ofrecen este servicio. Sin embargo, el intercambio vía Internet sigue siendo preocupante y muy difícil de controlar. Para esto, la Sociedad ha desarrollado un plan informativo, pues es la única salida que avizoran para controlar la situación.

Todo este panorama nos lleva a un dilema complejo y paradigmático de la industria cultural: cuando se busca amalgamar el arte, libre por definición, con el comercio, su control y los beneficios económicos.

Curiosamente, la legislación reciente va en dirección contraria. El 12 de enero de este año el Ejecutivo envió un proyecto para modificar la actual Ley de Propiedad Intelectual, y que propone rebajas en las penas actuales para los delitos de piratería.

La SCD clama a los chilenos en su slogan a que "no maten la música". Pero los más agudos y suspicaces saben que los verdaderos sicarios son la industria y su interés.