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Mauricio Monroy
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| Estados
Unidos gusta de ser el policía del mundo y de mostrarse como
una nación ejemplar. Su poder económico y militar le
basta para instalarse en cualquier escenario para demostrar quién
dirige la orquesta. Si es bueno o malo, es una pregunta que no encaja
en la mente de los hombres fuertes de Washington. Sin embargo, desde
diciembre de 2001 los estadounidenses han debido mirar dentro de sus
propias fronteras por una serie de vergonzosos escándalos financieros
que han desestabilizado incluso a la propia economía norteamericana.
A un año de los atentados terroristas, la desconfianza y el temor parecen no sólo venir del exterior en forma de avión, también puede estar entre los mismos ciudadanos, quienes, ya sea por desesperación o por necesidad de éxitos, no tienen el menor reparo en cometer acciones ilícitas por montos que bien podrían erradicar el hambre en varios países africanos. Los nombres de Enron y WorldCom, por nombrar algunos, no son entonces unos más en la larga y pesada cadena de "errores empresariales" (ver cuadro con los escándalos financieros). Es mucho más que eso. La dirección corporativa de Enron, por ejemplo, actuó con ligereza con sus deudas al confiar en métodos inusuales de contabilidad y construyo un castillo de naipes al realizar alianzas dudosas. No sólo miles de empleados perdieron su trabajo y los inversores millones de dólares (tanto los poderosos como los humildes), sino que otras tantas personas vieron cómo desaparecía lo que habían ahorrado para cuando se retiraran. Lo que más perturba es cómo una compañía de servicio público, tan relacionada y admirada, pudo convencer a tantos líderes e inversores corporativos respetables, de que su sistema de contabilidad era adecuado y que los había asesorado debidamente acerca del valor de la corporación.
La pregunta es entonces: ¿Cuántas reglamentaciones se necesitan para que una compañía sea ética? ¿Acaso las reglas son suficientes para salvaguardar la confianza pública? O ¿es necesario que la reglamentación venga "desde adentro" para ser confiable en los corazones y en la conciencia de las personas que habitualmente buscan apoyarse en una sabiduría supuestamente más alta? Sumado al problema de la confiabilidad, se halla igualmente en tela de juicio la capacidad de los mercados financieros para regular el sector productivo. Estamos así
ante una contradicción fundamental: por una parte la Bolsa
domina al nuevo capitalismo y por la otra, ella misma resulta incapaz
de guiar a las empresas hacia opciones susceptibles de asegurarles
su desarrollo en el largo plazo. Tal es el caso del gabinete de auditores (Andersen) o de las autoridades reguladoras (fundamentalmente las comisiones de operadores bursátiles), pero también los bancos de negocios, las agencias de facturación, los analistas financieros y los periodistas bursátiles. Resulta particularmente curioso constatar que el más emblemático fiasco económico y social se produjo en el sector de las telecomunicaciones al que los liberales querían convertir en un paradigma de la regulación del mercado. En síntesis, el actual episodio nos confirma lo que ya la historia nos había enseñado: el capitalismo es incapaz de autorregularse y si es dejado a su propio arbitrio no puede sino generar grandes disfunciones en las que los asalariados y más ampliamente los pueblos del mundo corren con los gastos. En definitiva estos son los principales mecanismos del capitalismo accionario actualmente en tela de juicio. Su principal objetivo parece ser la dramática apropiación de las empresas y más globalmente de la economía, por el mercado financiero.
Estos constituyen la actual fuente económica fundamental basada en el conocimiento y deben serles reconocidos sus nuevos derechos, poniendo límites a los vinculados a la propiedad del capital y otorgándole poder obligatorio a un código laboral que actúe por sobre las estrategias de los accionistas. La segunda serie de reformas debe abordar la excesiva falta de regulación financiera para limitar la actividad de las corporaciones, fortaleciendo el control del Estado (manteniendo especialmente un fuerte sector público) de sus autoridades y estableciendo instancias de control público eficientes. A la luz de los escándalos de las empresas, no extraña que la economía norteamericana no logre recuperar los índices de crecimiento que mantuvo en la década de los años 90. Si la mente vuela de forma fácil, tampoco extrañan los esfuerzos del presidente George W. Bush por conseguir el apoyo para atacar Irak. Como en otras
ocasiones, desviando la atención interna de la mano de los
poderosos tanques y los letales aviones, se intenta recuperar una
confianza que, al interior del país, ya lleva un año
deteriorada.
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De
esta manera no es de extrañar que aparezcan recelos sobre
las reglamentaciones y los responsables por aplicarlas, y que se
desconfie tanto de los principios de contabilidad como de los escépticos
de Wall Street, cuyo supuesto fin es defender al público.
Como lo hizo notar Allan Sloan de la revista Newsweek, en el caso
de Enron los analistas no cumplieron su papel, los funcionarios
gubernamentales responsables de aplicar las reglamentaciones no
lo hicieron y el Consejo Directivo de la compañía
no dirigió. Algunos vaticinan que se establecerán
nuevas reglas para las pensiones, la contabilidad de las deudas
y para determinar la integridad de una firma.
Como
vía de salida se vislumbran , a lo menos, dos posibles reformas
que se requieren para el cambio. Es necesario en primer término
orientarse hacia una nueva concepción empresarial en que
una compañía sea considerada no ya un "objeto"
perteneciente a los accionistas sino como una "comunidad de
intereses" cuya finalidad no sea buscar beneficios sino crear
empleos y riqueza. Es preciso, por lo tanto, terminar con una idea
de la gestión enteramente dirigida a "crear valores
accionarios". Ello implica una refundación del marco
jurídico actual que reconozca los derechos de todos los que
participan en la empresa, y entre ellos los primeros deben ser los
asalariados.
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