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HISTORIA
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por Iván Carvajal |
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Feliciano Palma Matus y Edgardo Batich Villarroel. Un dúo de temer a la hora de hacer balances. Literalmente. La suma de sus fraudes tributarios significó al fisco perder 70 mil millones de pesos. La mitad de lo que hoy es necesario para implementar el plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas de salud (AUGE). En 1987, Palma Matus y su esposa, Margarita Germany, compraron la empresa Lozapenco. Desde que se hicieron cargo de esta productora de sanitarios y menaje manipularon dolosamente las declaraciones de impuestos y engrosaron sus propios bolsillos. Mientras Palma dirigió Lozapenco, invirtió en un equipo de fútbol homónimo. El cuadro pasó de la segunda a la primera división chilena gracias a una buena campaña deportiva y a la inyección de recursos. Además de empresario Palma se convirtió en ídolo de Penco. Nadie sospechó que tras su benéfica y filantrópica actitud se escondió el golfo más grande de la historia tributaria chilena. Las exportaciones sobrevaloradas de sanitarios y palos de escoba le granjearon 46 millones de dólares. La estafa fue detectada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en 1990. El dueño de Lozapenco huyó a EE.UU., donde fue detenido meses más tarde en un lujoso restorán de Manhattan por agentes del FBI. A juicio del gerente del Colegio de Contadores, Miguel Ghilardi, el fraude tributario de Lozapenco se dio porque “ningún sistema (fiscalizador) es infalible”. El profesional, quien habló en exclusiva para The Moroso, agregó que si bien es posible “trampear” al sistema, esto no puede ser sostenido por mucho tiempo. La picardía de un supuesto empresario emprendedor, de esos que le gustan al presidente de la Asociación de Exportadores Manufactureros (Asexma) Roberto Fantuzzi, le costó una pena de cárcel de siete años. Y por supuesto una sanción pecuniaria del 300 por ciento del monto del dolo. El segundo de la lista es Edgardo Batich Villarroel, dueño de la empresa Focus Chile Motores (FCM), cuyo giro comercial era armar camiones para ser vendidos. Batich, también conocido como el “rey de la chatarra”, evadió impuestos a la renta e IVA gracias a una compleja operación que manejaba junto a otros colaboradores. “No sólo contadores, sino que otros profesionales como abogados e ingenieros comerciales pueden defraudar al fisco”, advirtió Ghilardi. Justamente los cómplices de Batich fueron el abogado Héctor Novoa Vásquez y el ingeniero comercial Álex Jacob Neder. Según consta en el expediente del caso, Batich, Neder y Novoa -hermano del actual senador UDI Jovino Novoa- simularon ventas de piezas de vehículos a particulares sin giro comercial. Los compradores eran sólo empleados de confianza de la compañía. Luego de recibir las partes, los “palos blancos” armaban los camiones y los inscribían a su nombre en el registro de vehículos motorizados. Una vez terminada esta diligencia, los móviles eran vendidos como vehículos usados también entre particulares. Compraventa que no devenga IVA. Pero los de FCM eran “nuevecitos de paquete”. El IVA de las compraventas nunca fue declarado. El proceso judicial contra Batich y compañía se inició en diciembre del año 92 bajo la investigación del juez Humberto Villavicencio. Batich, quien es primo del traficante de armas Monzer Al Kassar, escapó a EE.UU. y sólo se entregó a la justicia cinco años más tarde. El magistrado Villavicencio condenó en 1997 al dueño de FCM a 900 días de presidio, más una multa de 169 millones de pesos. La condena, confirmada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel en 1999, alcanzó también a Novoa Vásquez y a Jacob Neder. El monto de la evasión fue de mil millones de pesos.
Aunque todavía no está probado legalmente en los tribunales de justicia, la medalla al fraude tributario más grande de Chile estaría en manos de la empresa distribuidora Rabié. Según una denuncia de su ex contralor, Humberto Contreras Anguita, esta compañía hizo inversiones sin declararlas. Aunque el SII tiene la facultad de investigar esta información sólo puede rastrear los ejercicios de la distribuidora hasta cinco años hacia atrás. En este período los impuestos no pagados ascenderían a 35 mil millones de pesos. The Moroso se contactó con el SII para conseguir los detalles de la acusación. Sin embargo, el servicio nunca respondió. Rabié provee de productos al comercio detallista nacional. Sus operaciones se extienden desde Antofagasta hasta Castro. La historia de este negocio familiar se remonta al nacimiento de una paquetería que en 1902 inauguró Jorge Rabié Davani en Chillán. Los ilícitos presuntamente cometidos por la entidad comercial serían retiros no declarados, mal manejo del IVA y ajustes mañosos de salarios. Los antecedentes aportados por Contreras al diario electrónico El Mostrador acusan a los dueños de Rabié de tomar parte de las ganancias de la empresa para invertir en otros negocios sin declararlos ante el SII. Como auditor de Rabié, Contreras sabía de estas acciones y por lo demás estaba de acuerdo. El perfil de los auditores, según Ghilardi, apunta a dar garantías a la fe pública. El caso de Contreras traspasó esos límites contradiciendo los principios morales de su actividad. La ley 19.738, promulgada en junio del año pasado, combate la evasión tributaria y concede más rigurosidad a la inspección de las declaraciones de los contribuyentes. El gobierno estimó que se recaudarán anualmente 5 mil 200 millones de pesos más que antes de la norma. Algo que para Ghilardi no es tan taxativo. “Las cosas no se solucionan por ley”, y añade que “aquí en Chile es muy conocida la regla: salió la ley y salió también la pillería de la ley”. Evasión sin sanción El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, dijo que la ley es igual para todos, ante la petición de los dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de condonar las deudas tributarias de los clubes deportivos profesionales. Sin embargo, la realidad contradice al ministro, ya que la legislación hace distingos que perjudican la recolección de recursos por parte del Estado. Es lo que se llama elusión de impuestos. El sector económico que más incide en el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile es el minero. Cerca del 40 por ciento de los ingresos fiscales provienen de los resultados de inversiones nacionales y extranjeras en este campo. Durante el régimen militar del general Augusto Pinochet se dictó el decreto ley número 600 que permitió acelerar la depreciación de los activos fijos de las empresas para incentivar la inversión extranjera. Estos activos son, entre otros, maquinarias y vehículos. Como estos se desvalorizan con el paso del tiempo provocan una disminución de las utilidades y, por consiguiente, de impuestos.
Las firmas mineras que trabajan en Chile, tanto nacionales como foráneas, utilizan un gran número de estos activos y por lo mismo son directamente beneficiarias del DL 600. En declaraciones a esta revista, Gutiérrez definió esta norma como un “subsidio tremendo” a estas compañías. Aunque es “emblemático” el caso de estas empresas por ser Chile un país minero, no se las puede estigmatizar sólo a ellas. El profesional admitió que “prácticamente todas las empresas lo hacen”. Respecto a si la evasión y la elusión de gabelas es lo mismo en términos éticos, existen dos posturas. Para Ghilardi son distintas porque mientras “la evasión es derechamente evitar algo”, la elusión es “buscar el resquicio (legal) para eludir el pago de tributo”. El economista de Terram opinó que “es lo mismo”. Las cifras de esta licencia tributaria aminoran los recursos que el fisco puede recabar para planes sociales como el plan AUGE. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, opinó en radio Cooperativa que los recursos para este plan deben venir de nuevos impuestos a las empresas mineras. Coincidente con la propuesta de Martínez se mostró Gutiérrez, aunque menos esperanzado, por cuanto para modificar el DL 600 se necesita de “voluntad política” inexistente en los parlamentarios. Ya sea dentro o fuera de la ley los impuestos se evaden y el costo de ello lo pagan los chilenos más necesitados. Áreas como la salud, educación y vivienda se quedan sin recursos para llegar a quienes lo demandan. Sitios Relacionados: http://www.terram.cl |
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